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Presupuesto 2018: Pésimas estimaciones y escabrosas intenciones

Jueves, 14 septiembre 2017 - 06:00 AM - Juan Luis Coronado
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La controversia generada por la reciente aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2018, no deja de llamar la atención por lo superfluo del análisis y la pretensión de camuflar las causas o el origen del problema mediatizando los efectos.

Las modificaciones que se introducen en la ley financial, tienen su origen en el irrespeto a la ley de quienes formularon el presupuesto. Las observaciones de la Asamblea exige la incorporación de las asignaciones presupuestarias a los fines dispuestos en la ley, otorgándole una cara social al plan entendiendo que la sociedad necesita más que cemento para vivir bien.

El extremo se presenta cuando quienes incumplieron la ley en la formulación del presupuesto, acusan a los fiscalizadores de usurpar sus competencias. Todo esto por una minúscula suma de dinero que no alcanza al 1% del presupuesto (9 millones de 1.150 millones); distrae intencionalmente o no, la atención de los verdaderos problemas en la formulación del presupuesto. Sin planificación financiera de mediano plazo, ausencia de informes de gestión parciales o finales y otros instrumentos de control de gestión, limitan la transparencia e impiden la fiscalización de la gestión, un tema de fondo que generó problemas los dos años precedentes y explotó en la aprobación del POA 2018.

El presupuesto como principal plan financiero, es el instrumento de coordinación de las políticas fiscales y refleja la dirección financiera del GADT. Así, su formulación y posterior ejecución más allá de la Gobernación, impacta en la economía departamental; de ahí que sorprende la superficialidad del análisis, principalmente por el contexto de crisis que vive Tarija. Veamos algunas de las incorrecciones que expone el presupuesto como instrumento anticrisis.

Mantiene el excesivo gasto corriente, que además de consumir recursos valiosos en gastos superfluos antes que en inversión de capital, incrementa la burocracia e ineficiencia, propiciando un ambiente proclive a la corrupción y el derroche de los escasos recursos. Empeora esta situación la gran dispersión de recursos que se traduce en 150 programas y proyectos de inversión con un promedio de Bs 5 millones de asignación, que van desde los escasos 25 mil a los 45 millones.

Luego de tres años de quejas permanentes del GADT por falta de recursos, el presupuesto no muestra ningún apalancamiento financiero, tampoco se incluye las contrapartes para acceder a los Fideicomisos otorgados por el Gobierno Central y menos aún de nuevos financiamientos planeados. Seria deficiencia que devela desequilibrios presupuestarios, subestimación de los recursos que necesitan los proyectos para su conclusión, aspectos que configuran un presupuesto que engaña a la población y contraviene las disposiciones legales vigentes para su formulación.

Según el presupuesto no se tiene ninguna deuda con proveedores y contratistas, en consecuencia no se prevé fondos para cancelar ninguna obligación de pasadas gestiones. Esta falta de previsión hace inminente una profundización de la crisis, que se traducirá en cierre de empresas y cuando menos pérdidas cuantiosas en proveedores y contratistas, que su vez no podrán pagar a sus trabajadores, impuestos y proveedores; desencadenando una serie de incumplimientos financieros bancarios y no bancarios, ocasionando embargos, remates, venta de activos a precios de regalo, en suma descapitalización de las empresas tarijeñas, desempleo, etc. Esta situación puede y debe evitarse, Tarija no se merece alcanzar este posible escenario, solo por la falta de la previsión adecuada que se expresa en el presupuesto.


“El presupuesto no muestra ningún apalancamiento financiero, tampoco se incluye las contrapartes para acceder a los Fideicomisos otorgados por el Gobierno Central y menos aún de nuevos financiamientos planeados”


Asimismo, esta falta de registro de las obligaciones sobrestima la capacidad de endeudamiento; en el futuro esto podría generar un estado de endeudamiento excesivo del GADT, que le impedirá acceder a nuevos créditos e imposibilitará cancelar obligaciones pendientes a empresas y proveedores. Es urgente sincerar el presupuesto con un registro total y transparente de acreedores. La Asamblea Legislativa Departamental debería emitir una ley que obligue al Ejecutivo a presentar un Presupuesto Plurianual que incluya estos aspectos, sincerando las finanzas de la Gobernación con estimaciones realistas y la sana intención de ordenar la casa.

Los proyectos concurrentes con los Gobiernos Municipales se presupuestaron como un monto de transferencia global, sin detallar para que proyectos se destinara y si los recursos son para nuevos o de continuidad. Obviamente sin este detalle se pretende lograr que se apruebe sin objeción alguna. Por supuesto esto no contribuye a un tratamiento transparente del POA y generará en el futuro nuevos conflictos con los municipios que también tienen sus obras paradas, algunas concluidas y sin fondos para pagar a sus contratistas.

Las transferencias previstas a empresas públicas como el caso de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) y la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) no detallan los proyectos que se financiarán con los recursos, en una situación de crisis es menester conocer el destino final de los recursos, peor aun cuando conocemos que estas empresas se encuentran en pérdida; situación muy proclive para usar los escasos recursos en acciones improductivas, por decir lo menos.

Con estas deficiencias, el único objetivo que admite el documento en análisis es la profundización de la magra situación financiera de la Gobernación con un mayor impacto negativo en la economía departamental. Es urgente que se produzca un sinceramiento de la situación financiera del GADT y se realice a la brevedad posible un plan financiero, por lo menos con un alcance trianual. Este es el fondo de lo que debe discutirse y consensuarse en la formulación del POA.

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