RAÚL PINO-ICHAZO T. EL ARBITRAJE Y LOS JURISTAS
septiembre 3, 2017 - La Voz de Tarija
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La formación de los abogados, en su mayoría, que hoy están en actividad fue obtenida bajo la concepción antigua, la cual preconiza que un buen abogado es el que conoce mejor el Derecho positivo de fondo y la forma de aplicar esas normas a través del procedimiento judicial ordinario. La consecuencia irrefragable de esta posición es que muchos colegas todavía ignoren los principios básicos del arbitraje y per se muestren resistencia a su práctica y utilización.

Por otro lado esta renuencia parece lógica debido a que quienes no conocen el arbitraje ni lo han experimentado como asesores legales de parte, no pueden sentirse seguros conduciendo a su cliente, si la causa es pertinente, a un sistema de impartición de justicia diferente. Es innegable que surge un temor a lo desconocido y la inercia de permanecer con la rutina cotidiana aportan para que prefieran insistir en solucionar conflictos de sus clientes a través del litigio judicial ordinario.

El estudiante de Derecho que ha recibido una formación universitaria de enciclopedia y pleitista, debe invertir mucho tiempo y esfuerzo en la práctica en tribunales y sobretodo en aprender las reglas propias del arte de litigar. Nadie asevera que el adiestramiento es fácil; es seguro que le ha insumido bastantes años de trajín y empeño y ha debido concienciarse de los rigorismos mutantes de cada juzgado y sus entresijos.

Después de un tiempo cierto, el abogado presuntamente habrá tomado conocimiento de las modalidades propias de cada fuero, el modo de tratar las demandas nuevas y la forma para lograr en cada caso el avance del expediente hasta la sentencia final, periodo donde se puede ingresar contaminación permanente de corrupción, salvo estructuras personales de ética y moral infranqueables. Después de ese conocimiento de los innumerables vericuetos y atajos del procedimiento judicial, se siente formado y preparado para el ejercicio profesional, es decir se siente en un medio no extraño y capaz de responder a las exigencias de los litigantes.

Es obvio que, después de ese transitar dificultoso y que ahora le provee seguridad en el accionar, no tenga demasiado interés en modificar o cambiar. Este supuesto cambio le implica perder todo ese contingente de experiencia que acumulo con denodado esfuerzo, y conllevaría a la imperiosa necesidad de reiniciar el aprendizaje, a través de diplomados o maestrías, con toda la incertidumbre natural de introducirse en un ámbito totalmente desconocido.

A ello debe añadirse que el espíritu conservador y rutinario de algunos abogados gesta una resistencia natural a reciclarse de un sistema conocido a otro del cual solo se tiene una lejana referencia teórica.

A todo ello se suma la errónea convicción general, que la sentencia emanada de un tribunal judicial tiene efectos más consistentes que un laudo arbitral. Por lo contrario, y esto es muy importante para el lector, ya que muy pocos conocen la efectividad de los laudos arbitrales, pues existe una noción difusa de que los laudos puedan ejecutarse, y la creencia, más o menos generalizada que se trata de un título ejecutivo.

Por ello es imperativo que se conozca ampliamente y sin restricción o mala interpretación que, un laudo arbitral es título ejecutorio, posee un status o condición jurídica idéntica que una sentencia judicial y contiene la misma fuerza que la sentencia judicial de cosa juzgada.

por: Raúl Pino-Ichazo T

 

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