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Del garabato al laberinto financiero

febrero 12, 2017 - Juan Luis Coronado
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La caída del precio del petróleo a fines del 2014, producto que se constituye en la base del cálculo del precio del gas que exporta Bolivia, exigía un verdadero plan que estabilice las finanzas departamentales. Instrumento financiero que debió proyectar con realismo el quinquenio  2015 -2020, gestión que por el contrario inicio marcada por la coyuntura, improvisación y la miopía del corto plazo.

“No nos prestaremos ni un peso, para continuar obras del gobernador interino”, simbólica frase de inicios de la actual gestión, puso el sello de confrontación y un alejamiento de la realidad impidiendo una planificación objetiva, que derivó en la paralización de una gran cantidad de obras. Marcando el comienzo del desastre económico de empresas tarijeñas y se constituyó en el principio de una errática y mal llamada “planificación financiera” que generó una serie de puntos nodales, dispersos, inconexos, atacando efectos más que causas; actitud que devino en una profunda crisis financiera e institucional, que no encuentra un norte de trabajo capaz de aglutinar sus escasos esfuerzos individuales para proyectar el desarrollo del departamento.

Repasemos algunos de estos puntos nodales que configuran el garabato financiero: Elaboración y forzada aprobación de la Ley LOPE que no admitió la sana crítica, dio origen a dos secretarias nuevas y varias unidades que aumentaron el gasto corriente y posicionaron un sistema administrativo arcaico que frena la naturalidad con la que deben fluir las estrategias. Casi de inmediato, se aprobó el decreto de austeridad, maquillando una gestión que, lejos de ahorrar, incrementó camufladamente su gasto corriente, pecado mortal frente al aprieto financiero de coyuntura. Paralelamente se intentó planificar el corto plazo con el presupuesto anual, el fuerte déficit que ocultaba este instrumento acabo por desordenar la hacienda pública; bajo presión, se intentó resolver la dificultad presupuestaria con la famosa ley intrapartidas, que otorga poderes plenipotenciarios al gobernador para reestructurar a su antojo y cuantas veces quiera el presupuesto, claramente esto no fue suficiente, se necesitaba un plan plurianual para amalgamar las acciones que resuelvan la situación, instrumento que nunca fue formulado con la seriedad que requiere la delicada situación.

“Se aprobó el decreto de austeridad, maquillando una gestión que, lejos de ahorrar, incrementó camufladamente su gasto corriente, pecado mortal frente al aprieto financiero de coyuntura”

En la desesperación por nivelar las cuentas, se decide cargar la crisis sobre las espaldas de los pobres, anulación del PEUP, postergar y enmarañar el PROSOL, despido brigadistas barriales, se cierran o disminuyen varios centros transitorios para niños y los Centros Integrales de Apoyo Psicopedagógico Social. Claramente esta acción no resolvió el problema, el resultado más claro fue la pérdida de casi 5.000 fuentes de trabajo. La urgencia y la corta mirada genero esta política sin pensar en sus impactos socioeconómicos.

Antagónicamente a lo requerido, con los argumentos confrontacionales de siempre, se despreció el fideicomiso que programó el Gobierno central, destinado a facilitar el acceso a un financiamiento muy favorable para las obras paralizadas.  Se formuló un plan de rescate, documento que está lejos de ser un plan y que más bien desnuda serias falencias de información y por consiguiente con estrategias inaplicables en la realidad y el contexto actual; finalmente esta errática política institucional, no tuvo ningún fruto salvo la desinformación y confusión en la población.

Otras políticas como el decreto de reactivación y el inicio de grandes proyectos sin contar con los fondos necesarios agravaron la situación de iliquidez financiera. Se iniciaron proyectos de competencia nacional y a la vez se pide al Gobierno los recursos para concluirlos; infantil desatino licitar sin tener los fondos suficientes para culminar las obras.

Llegamos al 2017, con una drástica disminución del empleo, empresas al borde de la quiebra, endeudadas y con inicio de juicios laborales e impositivos, descapitalización del departamento que costará años recuperar, gastos en servicios personales se aumentan sin control, renuncia del personal clave, entre otros efectos. Un verdadero laberinto financiero, cada vez más difícil de salir.

El laberinto empieza a generar desesperanza, pesimismo, todo se vuelve urgente. Ahora se acepta el fidecomiso, admiten que el dinero no puede ser de libre disponibilidad. La situación cambió no se encuentra la salida por una simple razón: No existe un plan, no existen proyectos concretos capaces de sostener una inversión con financiamiento externo, no existe la capacidad de gestión, ocupados en la confrontación perdieron habilidades de gestionar recursos.

Surge lo inevitable, un préstamo urgente: 700 millones de bolivianos a un interés de 40 millones. Nuevamente la confrontación, se espera que bajo presión institucional se apruebe a la brevedad este crédito. Se recurre a un ardid nunca visto, modifican unilateralmente el presupuesto aprobado por la ALDT; se pretendió salvar la inconsistencia presupuestaria con una ilegalidad que coloca en otra dimensión al problema. Ya no es posible un plan quinquenal, solo se tiene dos años para resolver la difícil situación que paso de ser financiera, a afectar la economía departamental.  Si continuamos así estaremos en presencia uno de los mayores daños económicos al departamento de Tarija.

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